martes, 17 de enero de 2017

Número especial de la Revista IIDH sobre el control de convencionalidad

Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga. 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos publicó un nuevo número de su Revista IIDH (Vol. 64, 2016), el cual está dedicado al control de convencionalidad. A continuación el índice de la Revista:

Control of Conventionality and the struggle to achieve a definitive interpretation of human rights: the Brazilian experience
André de Carvalho Ramos 

Control de convencionalidad sobre normas procesales convencionales
Andrés Rousset Siri 

Reflexiones sobre el ejercicio del Control de Convencionalidad en Guatemala
Juan Arnulfo Vicente Gudiel y Leslie Argentina Véliz Arriaga 

Control de convencionalidad interamericano: Una propuesta de orden ante diez años de incertidumbre
Karlos A. Castilla Juárez

El control de convencionalidad como consecuencia de las decisiones judiciales de la Corte Interamericana de Derechos
Laura Alicia Camarillo Govea y Elizabeth Nataly Rosas Rábago

Control de convencionalidad en Argentina
Lautaro Pittier 

O controle difuso da convencionalidade e os direitos humanos no Brasil
Leandro Caletti 

Controle de convencionalidade e gênero: perspectivas brasileiras no combate à disseminação não consensual de imagens íntimas 
Letícia Soares Peixoto Aleixo y Sophia Pires Bastos 

Control de constitucionalidad y control de convencionalidad: interacción, confusión y autonomía. Reflexiones desde la experiencia francesa  
Luis-Miguel Gutiérrez Ramírez 

El control de convencionalidad y sus desafíos en Ecuador  
Pamela Juliana Aguirre Castro 

Aplicación del control de convencionalidad del corpus iuris interamericano de los derechos humanos
Víctor Hugo Rodas Balderrama 

El Caso Artavia Murillo vs. Costa Rica: control de convencionalidad en el proceso de cumplimiento de obligaciones internacionales
Viviana Benavides Hernández y Marvin Carvajal Pérez

martes, 10 de enero de 2017

Artículo sobre el control de convencionalidad


Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga

En el último volumen de la revista Maino, Carlos Alberto Gabriel El Prudentia Juris (Vol. 81, 2016, pp. 31-52), se publicó el artículo de Carlos Alberto Gabriel Maino titulado "El control de convencionalidad y las dificultades que ofrecen las interpretaciones de la CIDH". Este es el resumen elaborado por el propio autor:

"El autor analiza el control de convencionalidad que ofrecen las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deteniéndose en su contenido, naturaleza jurídica y obligatoriedad o efecto vinculante para los Estados parte. Señala las problemáticas que algunas interpretaciones acarrean, especialmente en la cuestión de la pluralidad de fuentes del Derecho y la soberanía estatal. Al final, se enumeran algunas líneas de acción que intentan sortear las dificultades que plantea el control de convencionalidad."

martes, 3 de enero de 2017

Libro “Law and Policy in Latin America. Transforming Courts, Institutions, and Rights”


Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.  

La editorial Pelgrave publicó el libro “Law and Policy in Latin America. Transforming Courts, Institutions, and Rights”, editado por P. Rubim Borges Fortes, L. Verri Boratti, A. Palacios Lleras y T.G. Daly (2017). Esta es la presentación del libro y su índice:   

“This book offers a comprehensive introduction to law and policy responses to contemporary problems in Latin America, such as human rights violations, regulatory dilemmas, economic inequality, and access to knowledge and medicine. It includes 19 chapters written by sociologists, lawyers, and political scientists on the transformations of courts, institutions and rights protection in Latin America, all of which stem from presentations at conferences in Oxford and UCL organised by the editors. The contributors present original analyses based on rigorous research, innovative case-studies, and interdisciplinary perspectives, all written in an accessible style. Topics include the Inter-American Court of Human Rights, institutional design, financial regulation, competition, discrimination, gender quotas, police violence, orphan works, healthcare, and environmental protection, among others. The book will be of interest to students and scholars interested in policymaking, public law, and development.”  

Índice   

Brazilian ‘Supremocracy’ and the Inter-American Court of Human Rights: Unpicking an Unclear Relationship  
Daly, Tom Gerald  

Transnational Legal Process and Fundamental Rights in Latin America: How Does the Inter-American Human Rights System Reshape Domestic Constitutional Rights? 
Torelly, Marcelo 

Complying (Partially) with the Compulsory Judgments of the Inter-American Court of Human Rights
González-Salzberg, Damián 

Media Representations of the Inter-American System of Human Rights
Gil, Diego (et al.) 

The Evolving Relationship Between Law and Development: Proposing New Tools
Alviar, Helena

Transnational Legal Indicators: The Missing Link in a New Era of Law and Development
Amariles, David Restrepo

Institutional Bypasses in Brazil: Overcoming Ex-Ante Resistance to Institutional Reforms 
Prado, Mariana Mota 

Convergence, Coordination and Collusion in Securities Regulation: The Latin American Integrated Market
Mendoza, Jose Miguel

Using Judicial Actions to Address Corporate Human Rights Abuses: Colombia, 2000–2014
Bernal-Bermudez, Laura

Multiple Strategies of Financial Regulation Adopted in the Colombian Securities Market: The Case of Over-the-Counter Derivatives
Barrera, Ligia 

A Counterhistory of Anti-Trust in Latin America
Lleras, Andrés Palacios

Latin American Constitutionalism, 1810–2010: The Problem of the ‘Engine Room’ of the Constitution
Gargarella, Roberto

Addressing Poverty through a Transformative Approach to Anti-Discrimination Law in Latin America 
McManus, Alberto Coddou 

Gender Quotas, Legislative Resistance and Non-Legislative Reform
Gatto, Malu A. C. 

Human Rights and Remains: A Policy Proposal to Prevent Human Rights Violations in Brazil
Fortes, Pedro  

Digital Culture, Copyright and the Orphan Works Issue: A View from Brazil 
Westenberger, Paula 

The Incorporation of a Right to Health Perspective into Brazil’s Patent Law Reform Process 
Oke, Emmanuel Kolawole

Constitutional Environmental Protection in Brazil: A Rights-Based Approach 
Mattei, Julia (et al.)

viernes, 30 de diciembre de 2016

CIDH presenta caso sobre VIH

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 19 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 191/16, mediante el cual informó que el 2 de diciembre presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso N° 12.484, Cuscul Pivaral y otros, respecto de Guatemala.

La CIDH sostiene en su comunicado que el caso “con la responsabilidad internacional del Estado por la violación de diversos derechos establecidos en la Convención Americana en perjuicio de 49 víctimas que fueron diagnosticadas con VIH/SIDA entre 1992 y 2003. Hasta los años 2006 y 2007 tuvo lugar una falta total de atención médica estatal a estas personas con VIH/SIDA y en situación de pobreza. Esta omisión tuvo un grave impacto en su situación de salud, vida e integridad personal.  Asimismo, la muerte de ocho de las víctimas, Alberto Quiché Cuxeva, Reina López Mujica, Ismar Ramírez Chajón, Rita Bubón Orozco, Facundo Gómez Reyes, José Rubén Delgado, Luis Edwin Cruz Gramau y María Vail, tuvo lugar como consecuencia de enfermedades conocidas como oportunistas, en un marco temporal en el que no recibieron la atención que requerían por parte del Estado, o tras una atención deficiente. Si bien el Estado empezó a implementar algún tratamiento para personas que viven con VIH/SIDA en el sector público con posterioridad a 2006 y 2007, dicha atención no logró satisfacer los estándares mínimos para ser considerada integral y adecuada y, por lo tanto, estas deficiencias continuaron violando los derechos a la salud, vida e integridad personal en perjuicio de las víctimas sobrevivientes. Adicionalmente, el recurso de amparo interpuesto el 26 de julio de 2002 ante la Corte de Constitucionalidad no proveyó de una protección judicial efectiva a las víctimas. Finalmente, los familiares y personas de vínculo cercano a las víctimas también sufrieron afectaciones a su integridad psíquica y moral.”


Fuente de la fotografía

lunes, 28 de noviembre de 2016

Declaración de la víctima ante la Corte IDH

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paul Díaz.

Recientemente se publicó el libro “La Prueba en la Litigación Pública”, Librotecnia - Universidad de los Andes, 2016.  En sus páginas 293-309 se publicó un capítulo de mi autoría llamado “La Declaración de la Presunta Víctima en Procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (se puede descargar aquí).  Éste es el resumen del capítulo:

“Este trabajo analiza las complejidades que presenta la declaración de las presuntas víctimas en los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este medio probatorio debe usarse con precaución, pues las presuntas víctimas son siempre partes interesadas. Además, la declaración de las presuntas víctimas tiene complejidades adicionales en el ámbito interamericano. Por una parte, la Corte ha hecho afirmaciones ambiguas en relación con el valor de este medio de prueba, y ha probado algunos hechos con el solo testimonio de la presunta víctima. Por otro lado, el Reglamento de la Corte exime del juramento a las presuntas víctimas, lo que puede terminar eximiendo del juramento a un número importante de intervinientes, pues la Corte tiene un concepto amplio de víctima —que incluye a los familiares y otros cercanos de las víctimas iniciales—. Este trabajo se refiere también a si es posible obligar a la presunta víctima a testificar; a la actitud tomada en casos de perjurio, y al valor que se le da a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que en ciertos aspectos es comparable a la declaración de las víctimas).”

Fuente de la fotografía

Nuevos casos sobre integridad física y desapariciones forzosas

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió tres comunicados de prensa mediante los cuales informó sobre la presentación de sendos casos ante la Corte Interamericana.  Tales comunicados son los siguientes:


1.  Comunicado 168/16 (17.11.16), Caso N°. 12.797 Linda Loaiza López Soto y familiares, respecto de Venezuela.  

Este asunto fue enviado a la Corte el 2 de noviembre de 2016.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por las graves afectaciones a la integridad personal, a la libertad personal, a la vida privada, dignidad y autonomía y al derecho a vivir libre de violencia y discriminación, sufridas por Linda Loaiza López Soto, de entonces 19 años de edad, entre el 27 de marzo y el 19 de julio de 2001. Linda Loaiza López Soto estuvo en situación de privación de libertad en contra de su voluntad y que fue víctima de actos de violencia atroz durante casi cuatro meses, lo que incluyó mutilaciones, severas lesiones físicas y afectaciones psicológicas cometidas con suma crueldad así como repetidas formas de violencia y violación sexual, todo con un impacto profundo e irreversible en su vida. Toda esta violencia estuvo motivada y puso de manifiesto un brutal ensañamiento con la condición de mujer de la víctima, por lo que constituyó violencia de género que en el caso concreto tuvo una intensidad extrema.”


2.  Comunicado 173/16 (22.11.16), Caso No. 12.916 – Nitza Paola Alvarado y otros, respecto de México.  

Este asunto fue enviado a la Corte el 9 de noviembre de 2016.  Según el comunicado, el caso “El caso se relaciona con la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales, en el Ejido Benito Juárez, Estado de Chihuahua, México, desde el 29 de diciembre de 2009. A la fecha, se desconoce el destino o paradero de las tres víctimas desaparecidas.”  Además, afirmó que éste sería el primer caso referido “a la desaparición forzada en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México.”


3.  Comunicado 174/16 (22.11.16), Casos acumulados 11.053, 11.054, 12.224, 12.225 y 12.823 –Wilfredo Terrones Silva, Teresa Díaz Aparicio, Santiago Antezana Cueto, Néstor Rojas Medina y Cory Clodolia Tenicela Tello, respecto de Perú.

Este asunto fue enviado a la Corte el 9 de noviembre de 2016.  Según el comunicado, los casos “se relacionan con las desapariciones forzadas de Wilfredo Terrones Silva (desde el 26 de agosto de 1992), Teresa Díaz Aparicio (desde el 19 de agosto de 1992), Santiago Antezana Cueto (desde el 7 de mayo de 1984), Néstor Rojas Medina (desde el 26 de enero de 1991) y Cory Clodolia Tenicela Tello (desde el 2 de octubre de 1992). Lo anterior tuvo lugar en el contexto de la práctica sistemática y generalizada de la desaparición forzada en el marco de la lucha antiterrorista por parte del Estado peruano, con especial incidencia en dichos años. El Estado no aportó información sobre hipótesis alternativas a la desaparición forzada de personas y la mayoría de los casos se encuentra en situación de impunidad total. A la fecha no se conoce el destino o paradero de ninguna de las víctimas, por lo que su desaparición forzada continúa cometiéndose.”


Fuente de la fotografía

viernes, 14 de octubre de 2016

Tres nuevos casos ante la Corte

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió tres comunicados de prensa mediante los cuales informó sobre la presentación de sendos casos ante la Corte Interamericana.  Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 139/16 (27.09.16), Caso N°. 12.695, Vinicio Antonio Poblete Vilches y familiares, respecto de Chile. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 26 de agosto de 2016.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con las acciones y omisiones que tuvieron lugar entre el 17 de enero y el 7 de febrero de 2001, fechas en las cuales Vinicio Antonio Poblete Vilches ingresó en dos oportunidades al hospital público Sótero del Río, donde falleció en la última fecha. La Comisión estableció que en dos momentos el personal médico del hospital se abstuvo de obtener el consentimiento informado para la toma de decisiones en materia de salud. Específicamente, en el marco de un procedimiento realizado el 26 de enero de 2001 durante el primer ingreso al hospital, así como en la decisión de mantenerlo en “tratamiento intermedio” en las horas anteriores a su muerte en el segundo ingreso al hospital. Por otra parte, la Comisión concluyó que existen suficientes elementos para considerar que la decisión de dar de alta a Vinicio Antonio Poblete Vilches y la manera en que la misma se realizó, pudo tener incidencia en el rápido deterioro que sufrió en los días inmediatamente posteriores a su salida del hospital y su posterior muerte cuando ingresó nuevamente en grave estado de salud. Asimismo, la Comisión determinó la responsabilidad estatal por la falta de provisión del tratamiento intensivo que requería en su segundo al hospital. Finalmente, la Comisión consideró que las investigaciones a nivel interno no fueron realizadas con la debida diligencia y en un plazo razonable.”


2.  Comunicado 140/16 (27.09.16), Caso No. 12.846, Mariana Selvas Gómez y otras, respecto de México. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 17 de septiembre de 2016.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, en el marco de las detenciones y traslados realizados en los operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente, en el contexto del conflicto y las protestas de floricultores y otros grupos.

“La Comisión estableció que la detención de las once mujeres los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue ilegal,  arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos. Asimismo, la Comisión determinó que las once mujeres acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica.

“Tras analizar la prueba disponible, la Comisión consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las once mujeres, y de violación sexual en el caso de siete de ellas. La CIDH consideró acreditado que estos actos fueron cometidos por agentes estatales, calificó estos hechos como tortura y determinó que las once mujeres fueron víctima de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención.

“La Comisión también estableció que el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable. Finalmente, la Comisión determinó que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas.”


3.  Comunicado 142/16 (28.09.16), Caso No. 11.550 Maurilia Coc Max y otros (Masacre de Xaman), respecto de Guatemala.

Este asunto fue enviado a la Corte el 21 de septiembre de 2016.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con la masacre perpetrada por miembros de las Fuerzas Armadas de Guatemala el 5 de octubre de 1995 en contra de once personas, incluyendo tres niños, que formaban parte de la población indígena q’eqchi’, mam, q’anjob’al y ixil y k’iche que ocupaba la finca Xaman. Las personas habían estado refugiadas en México como consecuencia de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. En los mismos hechos, 29 personas resultaron heridas, tres de las cuales fallecieron posteriormente debido a las heridas causadas. En cuanto a las investigaciones realizadas, la Comisión determinó que mientras el caso estuvo bajo conocimiento de la justicia penal militar, el Estado incumplió con su obligación de investigar de manera independiente e imparcial. Asimismo, la Comisión determinó que si bien las autoridades judiciales de Guatemala condenaron a catorce miembros de las Fuerzas Armadas por estos hechos, a lo largo del proceso hubo deficiencias e irregularidades que constituyeron violaciones del deber de investigar con la debida diligencia y en un plazo razonable. La Comisión también concluyó que el Estado incumplió su obligación de remover los obstáculos generados por las amenazas y hostigamientos en contra de diversos actores en el proceso. Finalmente, la Comisión determinó que los hechos constituyeron una expresión de la discriminación racial ejercida contra el pueblo maya durante el conflicto armado en Guatemala.”