domingo, 21 de agosto de 2016

Corte IDH emite Resolución de supervisión de cumplimiento en el caso 19 Comerciantes vs. Colombia


Este reporte fue elaborado por Jose Pablo Vega Herrero 

El pasado 23 de junio de 2016 la Corte Interamericana emitió una nueva Resolución de supervisión de cumplimiento en el caso 19 Comerciantes Vs. Colombia

A. Antecedentes del caso 

En la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 5 de julio de 2004, la Corte Interamericana declaró responsable a Colombia por la desaparición forzada de 19 personas, por parte de un grupo paramilitar que operaba en el Municipio de Puerto Boyacá que tenía estrechos vínculos con la Fuerza Pública de la región del Magdalena Medio, así como por la impunidad respecto de la participación de miembros de la Fuerza Pública, la investigación de los hechos en la jurisdicción penal militar, el desconocimiento del principio del plazo razonable en los procesos penales ordinarios y no haber realizado una búsqueda seria de los restos de las víctimas. Los hechos sucedieron el 7 de octubre de 1987, cuando miembros de dicho grupo paramilitar, con el apoyo y colaboración de miembros de la Fuerza Pública, detuvieron a 17 comerciantes, quienes se dedicaban a comprar y transportar mercancías en la frontera colombo-venezolana para la venta en las ciudades de Bucaramanga, Medellín e intermedias, porque presuntamente vendían armas a grupos guerrilleros y, posteriormente a su detención, les dieron muerte, los descuartizaron y lanzaron sus cuerpos a un río. Dos semanas después de estos hechos, cuando los familiares recorrían la zona en búsqueda de los desaparecidos, dos de ellos fueron igualmente detenidos y desaparecidos por el grupo paramilitar. Al determinar las causas de responsabilidad internacional del Estado, este Tribunal destacó que Colombia emitió el marco normativo que propició la creación de “grupos de autodefensa”, los cuales derivaron en grupos “paramilitares” (Visto 1).

 Mediante las Resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia emitidas el 2 de febrero de 2006, 10 de julio de 2007, 8 de julio de 2009 y 26 de junio de 2012, la Corte determinó que el Estado había cumplido con localizar a los familiares de dos de las víctimas, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y pagar el 90% de las cantidades establecidas por concepto de daños materiales e inmateriales. En consecuencia, la Corte mantendría abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento total, a saber: 

1. investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas; 

2. efectuar, en un plazo razonable, una búsqueda seria para determinar con certeza lo ocurrido con los restos de las víctimas y, en caso de ser posible, para entregarlos a sus familiares; 

3. erigir un monumento en memoria de las víctimas y, mediante una ceremonia pública y en presencia de los familiares de las víctimas, poner una placa con los nombres de los 19 comerciantes; 

4. brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas; 

5. establecer todas las condiciones necesarias para que los miembros de la familia de la víctima que están en el exilio puedan regresar a Colombia, si así lo desean, y 

6. pagar las cantidades restantes por concepto de ingresos dejados de percibir, gastos en que incurrieron los familiares e indemnización del daño inmaterial (Considerando 1). 

B. Cumplimiento de la reubicación del monumento en memoria de las víctimas y ceremonia pública

En la Resolución de supervisión de 26 de junio de 2012 la Corte observó que el Estado había elaborado una obra artística para la memoria de las víctimas del caso, en consenso con sus familiares. Sin embargo, dicha obra fue trasladada y almacenada en una instalación militar. En virtud de lo anterior, la Corte señaló que no consideraba razonable ni necesario someter a las víctimas a una situación que sienten revictimizante e indignante, en tanto el monumento en memoria de sus familiares fue almacenado en las instalaciones de uno de los cuerpos de seguridad estatal que señalan como responsable de las violaciones cometidas en su perjuicio. En razón de ello, la Corte ordenó al Estado trasladar y almacenar la obra, a la brevedad, en una institución civil, hasta tanto fuera posible su instalación definitiva en el lugar acordado por las partes (Considerando 6). 

 Después de la notificación de dicha Resolución, el Estado informó que había procedido a retirar el monumento de la instalación militar y a colocarlo en el Parque de los Niños de la ciudad de Bucaramanga, que fue el lugar acordado por las partes para ello. Sin embargo, con motivo de no haber colocado en el monumento una placa con los nombres de los 19 comerciantes durante una ceremonia pública, los familiares de las víctimas interpusieron una acción de tutela ante la Corte Constitucional. Dicho órgano judicial resolvió conceder el amparo y ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores coordinar todos los trámites pertinentes para que se cumplieran los componentes faltantes de la medida de reparación. Asimismo, la Corte Constitucional consideró que, a través de una acción de amparo o tutela, era posible exigir el cumplimiento y ordenar la ejecución de una disposición internacional como la del presente caso (Considerandos 7 a 9).

La Corte constató que la ceremonia pública para la colocación de la placa con los nombres de los 19 comerciantes se realizó el 20 de septiembre de 2013, en el Parque de los Niños de la ciudad de Bucaramanga, donde se encontraba instalado el monumento por acuerdo entre las partes. En dicha ceremonia se contó con la participación de más 200 personas, entre ellas el Vicepresidente de la República de Colombia. En consecuencia, el Tribunal consideró que el Estado había dado cumplimiento total a la medida relativa a erigir un monumento en memoria de las víctimas y, mediante una ceremonia pública y en presencia de los familiares de las víctimas, colocar una placa con los nombres de las víctimas y una mención expresa a la Sentencia (Considerandos 11 y 13).

C. Comentarios adicionales 

La Resolución de supervisión de cumplimiento emitida por la Corte Interamericana en el caso 19 Comerciantes Vs. Colombia se refiere exclusivamente al cumplimiento de la medida de reparación relacionada con erigir un monumento en memoria de las víctimas y realizar ceremonia pública para tales efectos, ocurrida hace tres años. De esta forma, la Corte Interamericana no se pronunció sobre las acciones u omisiones relativas al cumplimiento de las restantes medidas de reparación señaladas al inicio del presente reporte. 

A lo largo de las cuatro Resoluciones emitidas sobre la supervisión de cumplimiento de este caso, la Corte había aportado información sobre cada una de las medidas de reparación ordenadas, fuera ésta positiva o negativa, por lo cual resulta destacable que, para efectos de la más reciente Resolución, la Corte utilizara una práctica distinta.

A continuación se procede a recordar las consideraciones realizadas por la Corte en la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas respecto de importantes medidas de reparación que se encontraban pendientes de cumplimiento y que no fueron desarrolladas por la Corte en la reciente Resolución, a saber: la obligación de investigar, juzgar y sancionar y la obligación de efectuar una búsqueda seria de los restos mortales de las víctimas.

En relación con la primera, la Corte señaló que Colombia debe investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio de los 19 comerciantes. Asimismo, los familiares de las víctimas deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. Por otra parte, la Corte consideró que esta medida no solo beneficia a los familiares de las víctimas sino también a la sociedad como un todo, de manera que al conocer la verdad en cuanto a tales crímenes tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro. En consecuencia, el Tribunal dispuso que el resultado de este proceso deba ser públicamente divulgado, para que la sociedad conozca la verdad de lo ocurrido (párrs. 259 y 263).

Al respecto, se considera que las Resoluciones de supervisión de cumplimiento son un instrumento idóneo para garantizar que la sociedad tenga acceso a la información relativa a los avances de las investigaciones internas del caso. Tanto que el Estado haya cumplido con la obligación como que ésta aún se encuentre pendiente de cumplimiento son situaciones que interesan profundamente a la sociedad como un todo, a los otros Estados Parte, así como a los académicos y a las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la promoción y protección de los derechos humanos.

Por otro lado, en la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, la Corte señaló que la obligación de efectuar una búsqueda de los restos mortales de las víctimas es de suma importancia para reparar el daño inmaterial ocasionado a los familiares de la víctima en casos de desaparición forzada, en los cuales el desconocimiento del paradero de los restos mortales de la víctima ha causado y continúa causando una humillación y sufrimiento intenso a sus familiares. El derecho de los familiares de las víctimas de conocer dónde se encuentran los restos mortales de éstas una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de las víctimas. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal estimó justo y razonable ordenar a Colombia que efectúe una búsqueda en la cual realice todos los esfuerzos posibles para determinar con certeza lo ocurrido a los restos de las víctimas y, en caso de ser posible, para entregarlos a sus familiares. Asimismo, el Estado debía informar a la Corte sobre las gestiones realizadas al respecto, inclusive las que haya llevado a cabo en el pasado, para que el Tribunal, en su oportunidad, evalúe el cumplimiento de esta obligación (párrs. 264, 265 y 271).

De esta forma, se estima que con motivo de la obligación expresa que tenía el Estado de informar sobre las gestiones realizadas, en principio la Corte debía contar con información sobre los avances de la búsqueda de los restos. Sin embargo, es posible que el Estado haya incumplido con su deber de informar. En dicha situación, la Corte pudo haber recordado que de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana, los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones, y aquellos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida. La referida obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte incluye el deber del Estado de informar sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno de los puntos ordenados por este, lo cual es fundamental para evaluar el estado de cumplimiento de la Sentencia en su conjunto.

Con fundamento en las consideraciones expuestas se estima que del deber de informar se derivan prácticas procesales deseables mediante las cuales la Corte Interamericana, órgano responsable de supervisar el cumplimiento de la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional por parte de un Estado, tiene la potestad de comunicar a la sociedad los avances, retrasos o incumplimiento de las medidas de reparación ordenadas. Al omitir informar sobre tales aspectos, no solo se restringe el acceso a esta información a las partes en concreto, sino que se limita la influencia que estas Resoluciones puedan tener como mecanismo de presión. También, al carecer de un acceso efectivo a la información, la sociedad civil encuentra reducidas sus facultades de supervisar las acciones estatales y de ejercer presión para alcanzar el cumplimiento total de la Sentencia.

En consecuencia, en aras de evitar la recurrencia de estas omisiones, la Corte podría retomar la práctica anterior en la elaboración de las resoluciones de supervisión de cumplimiento, o bien, garantizar al acceso público de los escritos que sean presentados en el marco de los procedimientos de supervisión.

lunes, 18 de julio de 2016

Artículo sobre el principio de subsidiaridad


Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

En el último volumen de la revista The American Journal of Jurisprudence (Vol. 61, No. 1, 2016, pp. 69-107), se publicó un artículo de Samantha Besson titulado “Subsidiarity in International Human Rights Law—What is Subsidiary about Human Rights?”. Este es el resumen del artículo:

“Subsidiarity is en vogue in international human rights law. From a largely implicit and mainly jurisprudential principle used in discrete guises by international human rights courts, it has become increasingly present in human rights reasoning and is about to become entrenched in the text of international human rights treaties. Past the usual truisms about States having the primary responsibility to secure human rights and international human rights institutions having only a supervisory function, however, the notion, role and justification of subsidiarity in international human rights law remain very difficult to capture. Broadly speaking, scholarly strategies have divided into two groups. Most authors focus on one aspect of subsidiarity (usually the margin of appreciation of domestic authorities), while fewer look for the broader underpinning principle. The former often neglect the broader question, however, while the latter have often been lured by one dimension of the prestigious history of the principle of subsidiarity and conflate subsidiarity in international human rights law with one or many of its different conceptions in other legal and political contexts (e.g. in a federal state or in the European Union). In this article, I argue that the concept of subsidiarity is at play in international human rights law, but that human rights subsidiarity is very different from the other conceptions of subsidiarity we know of. To understand it, we need to go back to the relationship between human rights and (democratic) politics and, accordingly, to the role of international human rights law and its complementary relation to domestic human rights law. The proposed argument is three-pronged. After a first section on subsidiarity in international human rights law and the different shapes it takes in practice, the second section compares human rights subsidiarity with the subsidiarity encountered in other social, political and legal contexts, and does so with respect to different dimensions of subsidiarity: its subjects, objects, functions, justifications, tests, limits and reviews. The third section draws various implications of the specificity of human rights subsidiarity, and in particular for how we should go about interpreting it and addressing some of the challenges it is currently facing in practice.”

domingo, 17 de julio de 2016

Corte Interamericana emite Sentencia en el caso Maldonado Ordóñez vs. Guatemala


Este reporte fue elaborado por José Pablo Vega Herrero.
  
El pasado jueves 23 de junio de 2016, la Corte Interamericana notificó la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas de 3 de mayo de 2016, en el caso Maldonado Ordoñez vs. Guatemala. A continuación se presenta un resumen del misma:

A. Objeto de la controversia 

El caso, sometido por la Comisión Interamericana el 3 de diciembre de 2014, se relaciona con el procedimiento administrativo mediante el cual se destituyó a la señora Olga Yolanda Maldonado Ordoñez de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala. Al respecto, la Comisión indicó que, aunque el marco normativo aplicable le otorgaba competencia al Procurador de los Derechos Humanos para llevar a cabo el procedimiento correspondiente, la forma en que las causales de la destitución fueron notificadas a la señora Maldonado le imposibilitaron ejercer su derecho a la defensa adecuadamente. En virtud de lo anterior, la Comisión manifestó que el acto de destitución fue emitido en violación del deber de motivación, del principio de presunción de inocencia y del principio de legalidad, contemplados en los artículos 8.1, 8.2 y 9 de la Convención Americana (párr.1). 

Tras la emisión del Informe de Fondo por parte de la Comisión, ocurrida el 17 de julio de 2014, el Estado de Guatemala remitió un escrito al referido órgano mediante el cual rechazó las conclusiones de dicho Informe e indicó que no otorgaría ningún tipo de reparación a la señora Maldonado (párr. 2). 

En el trámite ante la Corte Interamericana, el pleno del Tribunal decidió que no era necesario convocar una audiencia pública por no existir controversia fáctica y tratarse de un debate estrictamente jurídico; esta decisión fue comunicada mediante Resolución del Presidente de 6 de noviembre de 2015 (párr. 9). 

B. Excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos 

El Estado de Guatemala alegó ante la Corte que la señora Maldonado no había agotado el recurso de la vía ordinaria laboral. Sin embargo, añadió que por utilizar otros recursos cuyo objeto no respondían a la pretensión de la señora Maldonado, había prescrito su derecho para actuar en la vía correcta (párrs. 15 y 16). 

La Corte Interamericana constató que el Estado había planteado la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos en el momento procesal oportuno, a saber, durante la etapa de admisibilidad ante la Comisión. Sin embargo, el Tribunal consideró que el argumento de la vía ordinaria laboral resultaba extemporáneo, toda vez que el recurso alegado ante la Comisión era distinto del argumentado ante la Corte. En consecuencia, la Corte desestimó la excepción preliminar interpuesta (párr. 25). 

C. Hechos 

La señora Maldonado comenzó a laborar en 1992 en la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. El 21 de febrero de 2000 tres hermanos de la señora Maldonado presentaron un escrito ante el Procurador de los Derechos Humanos, mediante el cual formularon acusaciones contra ella, relacionadas con la presunta falsificación de una Escritura Pública y solicitaron que le fuera impuesta una “sanción moral” (párrs. 32 y 33). El 5 de abril de 2000 el Procurador de los Derechos Humanos informó a la señora Maldonado de la denuncia presentada por sus hermanos y le notificó la “causal de despido”, contenida en el artículo 74, numerales 4 y 15 del Reglamento de Personal del Procurador de los Derechos Humanos. La señora Maldonado presentó un escrito de descargo y prueba documental el mismo día en el cual señaló que los hechos denunciados en su contra eran falsos. El 16 de mayo del mismo año el Procurador de los Derechos Humanos resolvió destituir a la señora Maldonado, alegando que su situación familiar podría perjudicar el prestigio de la Procuraduría (párrs. 34 y 35). Entre junio y septiembre de 2000, la señora Maldonado presentó los siguientes recursos: 
- Recurso de revisión ante el Procurador de los Derechos Humanos: declarado sin lugar, entre otras razones, debido a que el Procurador consideró que la presentación de denuncias en contra de la señora Maldonado reflejaba una conducta no deseada para quienes defienden los derechos humanos (párrs. 42 y 43). 

- Recurso de apelación ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social: la Sala Segunda resolvió abstenerse de entrar a conocer el asunto por carecer de competencia (párrs. 44 y 45). 

- Recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Segunda, constituida como Tribunal Constitucional: declarado improcedente pues no se advertía violación de un precepto constitucional (párrs. 47 y 48).

- Recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad: declarado improcedente en virtud de que la señora Maldonado no impugnó por la vía adecuada (párrs. 49 y 50). 

D. Fondo 

La Corte observó que no había controversia entre las partes en el sentido de que la destitución de la señora Maldonado fue un procedimiento disciplinario sancionatorio. Incluso, el Estado reconoció que el procedimiento de destitución tuvo como finalidad interponer una sanción a la señora Maldonado por considerarla responsable de una acción que contravendría la necesidad de ser “reconocidamente honorable” y contar con “autoridad moral” para actuar en nombre del Procurador. En este sentido, el propio Estado señaló que la destitución de la señora Maldonado constituyó efectivamente una “sanción moral”, que había sido solicitada por algunos miembros de su familia (párr. 53). 

D.1 Violación a las garantías judiciales y principio de legalidad 

En primer lugar, la Corte reiteró su jurisprudencia relativa a la aplicación de las garantías contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana para procesos que no sean de naturaleza penal. Al respecto, la Corte recordó que si bien esta disposición se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal (párr. 71). 

La Corte constató que el oficio mediante el cual se notificó a la señora Maldonado el inicio del procedimiento disciplinario únicamente transcribía extractos de los artículos 74.4 y 74.15 del Reglamento de Personal del Procurador supuestamente infringidos, y si bien se adjuntaba la copia de la denuncia presentada por los hermanos de la señora Maldonado, no contenía un análisis claro y concreto respecto de la manera en que la acción atribuida a la señora Maldonado encuadraría en las conductas descritas en los artículos. Esta falta de información constituyó una violación a la garantía de contar con información previa y detallada del proceso iniciado en su contra, contenida en el artículo 8.2.b de la Convención Americana. Asimismo, a pesar de que la señora Maldonado contó con el tiempo y la posibilidad de defenderse a nombre propio y de haber sido asistida por los defensores de su elección, los medios para la preparación de su defensa no fueron adecuados como consecuencia de la falta de la claridad respecto del motivo específico por el cual se iniciaba el proceso de destitución en su contra. Lo anterior constituyó una vulneración adicional al derecho a la defensa de la señora Maldonado, contenido en el artículo 8.2.c de la Convención Americana (párrs. 81, 83 y 84).

Por otra parte, la Corte consideró que los alegatos presentados en relación con la supuesta violación del principio de presunción de inocencia en realidad hacían referencia a que la conducta imputada a la señora Maldonado no correspondía a la “causal de despido” prevista en los numerales 4 y 15 del artículo 74 del Reglamento de Personal del Procurador de Derechos Humanos. Por lo tanto, estos alegatos guardaban más relación con el deber de motivación de decisiones administrativas y el principio de legalidad (párr. 86). Con relación al deber de motivación, la Corte consideró que no existió una motivación que estuviera debidamente justificada y razonada para la destitución de la señora Maldonado. No fue señalado con claridad la manera en que la conducta de la señora Maldonado se ajustaría al supuesto de las normas invocadas como fundamento de la destitución y no se realizó ningún análisis de los contenidos en dichas normas. Lo anterior constituyó una violación al deber de motivación contenido en el artículo 8.1 de la Convención Americana (párr. 88). 

Asimismo, la Corte consideró que el principio de legalidad también tiene vigencia en materia disciplinaria, no obstante su alcance depende considerablemente de la materia regulada. La precisión de una norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria puede ser diferente a la requerida por el principio de legalidad en materia penal, por la naturaleza de los conflictos que cada una está destinada a resolver. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte destacó que los supuestos contenidos en los numerales 4 y 15 del artículo 74 del Reglamento de Personal del Procurador no contemplaban causales que se refirieran al prestigio y honorabilidad de la Procuraduría, sino que señalaban acciones concretas que constituían faltas relativas a las funciones propias de los trabajadores de la Procuraduría. Asimismo, el artículo 77.d) del Código de Trabajo tampoco contemplaba cuestiones sobre la honorabilidad, el prestigio o la autoridad moral como causas justas que facultaran al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte. En consecuencia, la Corte determinó la vulneración del artículo 9 de la Convención Americana (párrs. 89, 93 y 95). 

D.2 Violación a la protección judicial 

La Corte constató que existía una contradicción en la normativa guatemalteca respecto del recurso que debía ser interpuesto por la señora Maldonado frente a su destitución. La señora Maldonado interpuso los recursos que estaban contemplados en el Reglamento de Personal del Procurador, sin embargo dichos recursos no fueron efectivos para permitir una revisión de su destitución. En ese sentido, la Corte destacó que lo establecido en la Constitución, el Código del Trabajo, la Ley de Servicio Civil y el Reglamento de Personal del Procurador era contradictorio de acuerdo a lo señalado por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones. Por un lado el Reglamento de Personal del Procurador indicaba que debía presentarse un recurso ante la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, y por el otro el Código del Trabajo y la Ley de Responsabilidad Civil no le otorgaban competencia a dicha Sala para conocer los recursos presentados con base en el Reglamento de Personal del Procurador. Asimismo, la Corte hizo notar que, a lo largo del trámite ante el Sistema Interamericano, el Estado señaló diversas vías como las adecuadas para que la señora Maldonado solicitara la revisión de su destitución (párr. 119). La Corte consideró que dicha confusión y contradicción en la normativa interna colocó a la señora Maldonado en una situación de desprotección, al no poder contar con un recurso sencillo y efectivo como consecuencia de una normativa contradictoria. Lo anterior constituyó una violación al derecho a la protección judicial y al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, contenido en los artículos 25 y 2 de la Convención Americana (párr. 120). 

E. Reparaciones 

Con respecto a las reparaciones, la Corte ordenó al Estado: i) publicar la Sentencia de la Corte Interamericana y su resumen; ii) eliminar del ”record laboral” o de cualquier otro registro de antecedentes de la señora Maldonado el procedimiento de destitución; iii) precisar o regular, con claridad, a través de medidas legislativas o de otro carácter, la vía recursiva, el procedimiento y la competencia judicial para la revisión jurisdiccional de toda sanción o medida de carácter administrativo disciplinario del Procurador de los Derechos Humanos, y iv) pagar la cantidad fijada en la Sentencia por concepto de daño material e inmaterial y por reintegro de costas y gastos (párrs. 127, 129, 133, 144, 150 y 157). 

F. Votos concurrentes 

F.1 Voto del Juez Ferrer Mac-Gregor Poisot 

De acuerdo con lo señalado por el Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, actual Vicepresidente de la Corte Interamericana, la Sentencia emitida en el caso Maldonado Ordóñez vs. Guatemala ratifica una vez más lo expresado en los precedentes del caso del Tribunal Constitucional vs. Perú (2001) y del caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador (2013), de tal manera que los derechos previstos en el artículo 8.2 de la Convención Americana se extienden también a los órdenes civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter y, por ende, en ese tipo de materias tiene también derecho, “en general” al debido proceso que se aplica en materia penal. Esto revela el “amplio alcance del debido proceso”; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en otros órdenes, en todo procedimiento jurídico en el que se determinen sus derechos y sus obligaciones de cualquier índole. Ahora bien, la cuestión que en este punto surge es si el traslado de las garantías de naturaleza penal que contiene el artículo 8.2 de la Convención Americana es imperativo, aunque sea con adaptaciones “pertinentes”, o meramente facultativo. Este problema no es meramente especulativo, pues la respuesta llevará a fortalecer o debilitar el régimen de garantías en procedimientos sancionadores (párrs. 33 y 35). En este sentido, el Juez Ferrer Mac-Gregor Poisot consideró que la expresión “en general” que usa la Corte Interamericana en su jurisprudencia sobre procedimientos no penales, aplicada también en la Sentencia del presente caso, debe entenderse en el sentido de que en principio deben ser aplicables, a cualquier procedimiento de naturaleza sancionatoria, todas las garantías mínimas necesarias para tutelar el debido proceso que la jurisprudencia del Tribunal deriva de los artículos 8 y 25 de la Convención. De esta forma, interpretar la expresión “en general” para reducir los alcances que la jurisprudencia interamericana ha otorgado al artículo 8.2 de la Convención representaría un retroceso, e implicaría ir contra la jurisprudencia que este Tribunal ha ido consolidando por más de quince años (párrs. 37 y 38). 

F.2 Voto del Juez Sierra Porto 

Por su parte, el Juez Humberto Antonio Sierra Porto, antiguo Presidente de la Corte Interamericana, manifestó en su voto concurrente que las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención Americana están reservadas a procesos que sean de naturaleza penal; y sólo de manera excepcional, algunas de ellas pueden ser extendidas, en virtud de una lógica analógica, a casos que versen sobre procesos de naturaleza sancionatoria. Y esta aplicación extensiva, expresión del principio pro personae, no se hace de manera idéntica en todas las variantes de los procesos en donde se ejerza el ius puniendi de los Estados. Las garantías se aplicarán según el grado de intensidad que conlleve la potestad sancionatoria, de manera tal que: a) no se puede entender que todas las garantías del artículo 8.2 se aplican de manera integral y automática a cualquier proceso sancionatorio, y b) en aquellos procesos sancionatorios en los cuales sea aplicable el artículo 8.2 de la Convención, el alcance de las garantías contempladas en dicho artículo depende de la intensidad con que se ejerza la potestad sancionatoria estatal (párr. 2). En este sentido, el Juez Sierra Porto consideró que el criterio que debería usar la Corte Interamericana para ampliar el ámbito de aplicación de las garantías establecidas en el artículo 8.2 de la Convención a determinados procedimientos que no sean clasificados por las autoridades nacionales como procedimientos penales, debe ser un criterio más estricto que tome en consideración la necesidad de que el proceso tenga una naturaleza sancionatoria. Lo anterior, en aras de proteger el objeto y fin de la propia Convención Americana, y reconociendo la importancia que revisten las garantías contempladas en el artículo 8.2, estas no deben ser desnaturalizadas aplicándolas a procesos de cualquier índole. En aras de una mayor seguridad jurídica, es necesario que la Corte elabore una clara y uniforme interpretación sobre el ámbito de aplicación de cada una de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención, a fin de que cuando se determine que ha sido violado dicho artículo se indique de manera expresa la garantía que fue vulnerada. Así mismo, resulta necesario diferenciar el distinto alcance que tiene la garantía de acuerdo a la modalidad del proceso que se trate, pues no siempre resulta exigible el mismo nivel de rigurosidad que el exigible en un proceso penal (párrs. 14 y 16).